Hoy nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos cumple 99 años de vida. El cinco de febrero de
1917 fue promulgada en el Teatro de la República en Querétaro. A instancias del
jefe Carranza se elaboró la Constitución que estableció las reglas de juego
de los grupos revolucionarios para el acceso al poder, por eso se implementó un modelo en el que todas
las facciones tomaran parte.
No obstante lo anterior, la
Constitución de 1917 fue considerada una de las más avanzadas de la época. Las ideas de Jara y Romero Flores se
adelantaron al Constituyente de Weimar en la protección normativa -sólo eso- de
los derechos laborales y agrarios. Nuestra Constitución protegió, ontológicamente, como ningún otro
instrumento normativo del mundo a los trabajadores.
Pero el discurso normativo estuvo
separado de lo que sucedía en la vida real.
La Constitución del 17 se negó a reconocer
hasta 1994 la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas. Además, la Constitución también tenía otra
mancha oprobiosa: el artículo 33 que permitía la expulsión de extranjeros sin juicio
previo remitía al estado mexicano al nivel de una república bananera.
Hoy, no obstante el reconocimiento de los derechos
humanos de fuente nacional e internacional en el artículo 1º aún hay en la
Constitución vestigios del más acendrado autoritarismo: el arraigo y la prisión
preventiva oficiosa son la muestra más clara de ello.
Y allí perdido entre las normas
protectoras del artículo 123, apartado A, aún existe una norma rebosante de
autoritarismo: la norma que impide la reincorporación de los policías separados
de su cargo no obstante que obtengan una resolución favorable de las
autoridades administrativas.
La manera de celebrar la
Constitución es buscar los caminos para despojarla de sus autoritarismos. Celebremos el próximo año el primer siglo de vida de la Constitución
sin atavismos jurídicos. Nos lo merecemos.
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